La adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar ha iniciado su periplo por los juzgados. Tras la denuncia presentadahace unas semanas por la empresa que perdió el concurso, Emerita Resources España, la juez de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha decidido investigar si, tal y como alerta dicha sociedad, ha habido irregularidades en la concesión de los derechos de explotación del yacimiento a Minorbis-Grupo México (integrada por la cordobesa Magtel y Grupo México).

En Safer Tech estamos muy preocupados por el sector de la minería y toda noticia del sector nos importa. En este apartado de noticias de nuestra web publicamos informaciones que creemos relevantes para compartir con todos vosotros. Como primer paso, la magistrada ha solicitado a la Junta que le entregue el expediente de adjudicación, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El Gobierno andaluz ha asegurado que está preparando toda la documentación para entregarla “rápidamente”.

En su denuncia, Emerita señala que la resolución del concurso —que la Junta hizo pública el 20 de febrero en un acto retransmitido por Internet— ha sido “irregular” y achaca a la Administración autónoma “una actitud arbitraria y patentemente prevaricadora”. La empresa acusa de supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal a los responsables de la mesa de contratación y pide la paralización cautelar de la adjudicación. En este sentido, la empresa hace hincapié en la posible influencia ejercida sobre los técnicos que valoraron las ofertas. “Salvo que se haya presionado a los técnicos y funcionarios de la consejería para que emitan informes carentes de objetividad”, señala en su denuncia la empresa.

Pero el primer paso de la magistrada no queda ahí. La instructora también ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía que investigue los préstamos finalistas concedidos en los últimos años a Magtel para averiguar si ha habido “un fraude de subvenciones”, según el comunicado del TSJA. En su denuncia, además de cuestionar la solvencia de la firma cordobesa o el plagio de una de sus propuestas, Emerita denuncia que Magtel recibió ayudas para instalar redes de fibra óptica en determinados municipios y que parte de ese dinero lo usó “para pagar deuda y con otros fines”, según la denuncia. La empresa cordobesa ha preferido no valorar esta decisión.

Desde que saltó la polémica, el Gobierno andaluz ha defendido la legalidad del proceso y su “total transparencia”. “Su honestidad y la completa legalidad de su actuación no admiten sombra de sospecha alguna y la Junta de Andalucía actúa y actuará con absoluta contundencia para defenderlas y dejar indubitada la imparcialidad de su decisión”, ha señalado la Consejería de Economía en defensa de estos trabajadores.

Fuente: El Pais